Declaraciones del Gobernador de Veracruz ponen en riesgo a jueces y sus familias; Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, advirtieron que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pone en riesgo a las familias de los jueces al exhibirlos de manera pública e injustificada.

Esto luego de que la semana pasada el morenista veracruzano acusó que hay jueces federales que tienen amistades con ex funcionarios y que les permiten estar libres a pesar de que están señalados por actos de corrupción.

A través de un desplegado, la asociación dijo que con estas afirmaciones se vulnera y pone en riesgo no únicamente a los jueces federales sino también a sus familias.

“Ofende la exhibición pública e injustificada de las personas juzgadoras federales, por cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia, tales actos no solo vulneran su dignidad, sino también ponen en riesgo a sus familias”.

Hay que recordar que la semana pasada, García Jiménez criticó a la jueza María León Linarte del Juzgado 15 de Distrito, al señalar que benefició al ex subsecretario de Finanzas, Bernardo “N”, señalado de presuntos hechos de corrupción, ordenando que la repetición de su audiencia ante un Juez local, pero ahora con beneficios para el imputado.

La asociación presidida por el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, respaldó a los juzgadores federales al “emitir sus resoluciones con independencia de cualquier tipo de presión”.

“Tenemos como único compromiso salvaguardar las normas que consagra la Constitución y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”, dice el desplegado firmado por 32 magistrados.

Cabe destacar que también lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya instruido a autoridades del gobierno federal a desacerar las resoluciones de los juzgadores.

“Su incumplimiento injustificado da lugar a responsabilidad tanto administrativa como penal; por lo tanto, el alentar tal actitud sobre las decisiones jurisdiccionales, atenta contra la Constitución, la división de poderes y el Estado de derecho”, señalan.

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