DIRECTORIO

Alán Couturier Prigadaá
Director
José Prigadaá Andrade
Subdirector
Lic. Teresa Domínguez Calixto
Administración
Lic. Teresita Hernández Aguilera
Jefa de Jurídico
Humberto Prigadaá Hipolito
Jefe de Redacción
Fabian Arena Castillo
Propaganda

CORRESPONSALES:
Violeta Santos
Martínez de la Torre
Nacho Romero
Martínez de la Torre
Juan Carlos Jiménez Benavides
Tlapacoyan
Raziel Goméz Castillo
Misantla
Luis Prigadaá Hipolito
Nautla y San Rafael

OFICINAS

Av. Revolución 302,
Col. Centro, Xalapa, Ver.
Tel. (228) 191.67.33

Av. Ignacio de la Llave
806, Int. 8, Col. Centro,
Martínez de la Torre, Ver.
Tel. (232) 324.4475,

Blvd. Manuel Avila
Camacho 636, Col.
Centro, Veracruz, Ver.

Petro ofrece disculpas por magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este miércoles que pidió perdón a Haití por el asesinato hace un año de su presidente Jovenel Moise, crimen por el que están presos en Puerto Príncipe 18 mercenarios colombianos.

“Hoy le pedí perdón a Haití por el asesinato de su presidente cometido por mercenarios colombianos”, escribió en Twitter el jefe de Estado que está en Nueva York en donde participó en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas.

El pedido de perdón se constituye en la postura oficial del nuevo Gobierno colombiano con respecto al magnicidio, del cual están acusados militares retirados del Ejército colombiano que esperan el juicio en Haití.

Las familias de los detenidos abogan por un juicio justo, pues las investigaciones del caso no han tenido avances.

Según la Policía haitiana, 18 militares retirados colombianos fueron capturados por tras el asesinato de Moise, el 7 de julio de 2021, y otros 3 fueron abatidos.

De acuerdo con las investigaciones, el magnicidio fue cometido por un comando de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron de madrugada en la residencia presidencial, sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la mansión, situada en el sector de Pelerin, en Puerto Príncipe.

En agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que los 18 exmilitares colombianos estaban hacinados, incomunicados y permanecían esposados en la cárcel desde su arresto.

La Defensoría insistió en que se les preste asistencia jurídica, ya que, según dijo, se les desconocen derechos fundamentales.