Sin éxito, recuperación de bienes en Texas adquiridos por Duarte
La 40 Corte de Apelaciones del Estado de Texas falló en contra de una demanda interpuesta por el Gobierno de Veracruz contra José Antonio Bandín Ruiz y Mónica Babayan Canal, presuntos prestanombres del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
A través del despacho legal del abogado texano Tony Buzbee se interpusieron varias demandas en distintas cortes de los Estados de Texas y Florida en busca de recuperar más de un centenar de bienes inmuebles, adquiridos con recursos robados al Gobierno de Veracruz, se refiere en lo argumentos presentados.
Sin embargo, la 40 Corte de Apelaciones del Estado de Texas desestimó el caso número 14-18-00752-CV, mediante el cual buscaba recuperar 6 bienes inmuebles en las ciudades de Spring y Woodlands, Texas.
Las ubicaciones de las casas y terrenos, que de acuerdo con la demanda fueron comprados con recursos robados durante el gobierno duartista, se encuentran en el 83 West Jagged Ridge; 87 West Jagged Ride; 175 West New Harmony; 18 Griffin Hill y 138 Bryce Ranch en la ciudad de Spring; y 43 Spinning Wheel de Woodlands.
Originalmente la demanda se interpuso en la Corte de Distrito del Condado de Harris, que resolvió desestimar el caso por lo cual el despacho legal -contratado desde la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y se mantuvo durante el gobierno actual de Cuitláhuac García Jiménez- apeló la decisión, la cual fue ahora confirmada por la 40 Corte de Apelaciones.
Uno de los argumentos centrales expuestos por la representación legal contratada por el Gobierno de Veracruz, es que Javier Duarte conspiró con José Antonio Bandín Ruiz y Mónica Babayan Canal, para desviar recursos de la administración estatal, para que a través de empresas “fantasma” creadas en Estados Unidos compraran diversos bienes inmuebles.
Sin embargo, primero la Corte del Distrito de Harris, como posteriormente la Corte de Apelaciones de Texas establecieron que los demandados tenían el derecho a mantener comunicación y considerar que sus pláticas son ilegales, atentaría contra su derecho a la libertad de expresión y de asociación.
Frances Bourloit, juez que propuso desestimar el caso, concluyó que la defensa del Gobierno de Veracruz no logró acreditar elementos de prueba suficientes para determinar la conspiración, que las propiedades en cuestión no hayan sido adquiridas legalmente, ni el uso de recursos robados para su compra. Por ello su propuesta fue respaldada por los otros dos jueces que integran la 40 Corte de Apelaciones de Texas.
